LO PRIMERO ES LA FAMILIA:
Escribe, Dra Graciela Lamiquiz.


 La estructura y dinámica de la familia como instituto

primario y fundante de la sociedad se encuentran receptadas,

principalmente, en el Código Civil.

 Allí se puede leer lo relativo al matrimonio,

la capacidad de las personas, preceptos sobre separación

personal, divorcio, tenencia, patria potestad etc.

 Pero existen normas de mayor jerarquía, que integran

el denominado Bloque Federal, (art. 75 inc 22 Const

Nacional), que brindan protección especial. Me refiero,

entre otras, a la Declaración Universal de Derechos

Humanos, que en su Artículo 16 inc 3º reza:

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del

 También hago referencia al Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos, que en el Artículo 23

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del

 La Observación General No. 19, Comentarios generales

adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 23

- La familia, 39º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/

1/Rev.7 at 171 (1990), donde pone de manifiesto que en el

artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos se reconoce que la familia es el elemento natural

y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección

de la sociedad y del Estado. La protección de la familia y de

sus miembros se garantiza también, directa o indirectamente,

en otras disposiciones del Pacto. De este modo, el artículo

17 estipula que la familia no será objeto de injerencias

arbitrarias o ilegales.

 Y además dijo el Comité en dicha Observación: 3.

Para dar de una manera eficaz la protección prevista en el

artículo 23 del Pacto, es preciso que los Estados Partes

adopten medidas de carácter legislativo, administrativo

o de otro tipo. Los Estados Partes deberían suministrar

información detallada sobre el carácter de esas medidas y

sobre los medios utilizados para asegurar su aplicación

efectiva. Por otra parte, como el Pacto reconoce también

a la familia el derecho de ser protegida por la sociedad,

los informes de los Estados Partes deberían indicar de qué

manera el Estado y otras instituciones sociales conceden la

protección necesaria a la familia, en qué medida el Estado

fomenta la actividad de estas últimas, por medios financieros

o de otra índole, y cómo vela por que estas actividades sean

compatibles con el Pacto.

 Y el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales) refuerza todo lo anterior:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural

y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y

asistencia posibles, especialmente para su constitución y

mientras sea responsable del cuidado y la educación de los

hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre

consentimiento de los futuros cónyuges.

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante

un período de tiempo razonable antes y después del parto.

Durante dicho período, a las madres que trabajen se les

debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones

adecuadas de seguridad social.

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y

asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin

discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra

condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra

la explotación económica y social. Su empleo en trabajos

nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su

vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal,

será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer

también límites de edad por debajo de los cuales quede

prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano

de obra infantil.

 Por qué es importante lo que sucede a nivel

internacional? Muy simple, el art. 75 nc 22 de la

Constitución Nacional establece, en lo pertinente:

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos;

la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su

Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la

Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño;

en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía

constitucional, no derogan artículo alguno de la primera

parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios

de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán

ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional,

previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad

de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos,

luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto

de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de

cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.

 Y es más, lo que digan los órganos de seguimiento

o de aplicación de dichos Pactos, Declaraciones, Tratados,

etc, a su vez, resulta obligatorio para Argentina. Pues estos

organismos, constituyen intérpretes auténticos de dichos

cuerpos normativos.

 Es decir, las palabras que pronuncie la Comisión

Interamericana, sita en Washington, o la Corte Interamericana

de Costa Rica, por ejemplo, en relación al Pacto de San José

de Costa Rica, es de obligatorio acatamiento para nuestro

 Si se expresa en tal o cual sentido, el Comité de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), órgano

de expertos independientes, que supervisa la aplicación

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales por sus Estados Partes, también debe tener eco en

 Y esto trae a colación y a cuento, otro interrogante:

Como debe interpretarse el Derecho? El Ordenamiento Jurídico

debe interpretarse armoniosamente, tratando de no ver

compartimentos estancos, entre las distintas disciplinas,

sino como un todo.

 Un organismo vivo, en mi humilde opinión. Como un

sistema, como si fuera un cuerpo humano, en donde el corazón

(La Constitución Nacional y los Tratados, Pactos etc.) son el

núcleo duro, junto al cerebro, pero también son importantes:

los riñones, el estomago, los pulmones etc. Nunca hacer una

exegesis restrictiva, que limite los derechos, que ponga coto

al bienestar del ser humano. Sino que el horizonte es que se

amplíen los derechos, que la persona pueda gozar, y llegar a

la plenitud de su esencia.

 El derecho interno (leyes locales, códigos civil,

comercial, penal etc.)y su aplicación por los jueces, no

puede estar en contradicción con el Derecho Internacional de

los Derechos Humanos.

 La forma restrictiva, de interpretación y aplicación

del derecho, contrariando el principio de progresividad,

consagrado constitucionalmente ("Los Estados partes en el presente

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se

comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como

mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y

técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta

su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad

con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se

reconocen en el presente Protocolo." Comisión Interamericana de Derechos

Humanos. Informe Anual 1993), viene a contramano de este Derecho

 Velando, siempre y en todo momento, por el principio

de progresividad, los jueces deben incluso, efectuar el

Control de Convencionalidad, que significa que el Derecho

Interno esté en consonancia con el Pacto de San José de Costa

Rica, conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos in re:

"Almonacid Arellano y otros vs. Gobierno de Chile", del 26 de

septiembre de 2006, parr. 124 ss. y concs.

 Volviendo al tema que nos convoca: LA FAMILIA,

 Se protege o se protege. Lo contrario traería

aparejada responsabilidad internacional, del Estado

Argentino, de los Estados Provinciales, de los legisladores

al omitir dictar normas que complementen esa protección

internacional, de los jueces que no apliquen el Derecho

Internacional de los Derechos Humanos.

 En definitiva, de toda autoridad que no vea y se

preocupe porque LA FAMILIA sea mantenida como CELULA BASICA y

PRIMORDIAL de la sociedad.

 Una sociedad que cada día debe estar más consolidada

en valores, de justicia, integridad, honestidad y por sobre

todas las cosas Amor.